Añadir a mi Calendario de Sesiones Nave Alameda - MiniLab Sala A (1a.Planta) 27 Sep 2017 Grupo de Trabajo
Multisesión 5 09:00 - 11:30

AVISO IMPORTANTE
ESTE GT CAMBIA DE LUGAR DE CELEBRACION 
del Minilab B al Minilab A
LA FECHA Y HORA NO VARIAN


De conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (atendiendo al número 16 “Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas”) algunas de las metas a alcanzar para 2030 dependen fuertemente de la existencia de una regulación pública de calidad.

Del mismo modo, en la elaboración de la Nueva Agenda Urbana derivada de Habitat III en Quito, Ecuador, a finales de 2016, se ha puesto de relieve la extraordinaria importancia de la calidad de las reglas jurídicas para la gobernanza urbana.

Todos estos objetivos no podrán avanzarse sin un nuevo modo de entender la regulación pública que permita lograrlos. La innovación es clave para la competitividad y el crecimiento económico de los países, y como medio para dar respuesta a los complejos retos que tienen planteadas las sociedades en la actualidad en los aspectos sociales y ambientales. La innovación se traslada a nuevos sectores en los que es necesaria una intervención de las Administraciones públicas, como la economía colaborativa (sharing economy), las nuevas tecnologías o los datos abiertos y masivos (open and big data).

La regulación puede ser un elemento que permita e incentive la innovación en las sociedades o, por el contrario, la dificulte y la desincentive. Las normas jurídicas del Siglo XXI deben dar respuesta a la complejidad, la diversidad y la incertidumbre que caracterizan nuestra época. La regulación debe adaptarse a la innovación.  En esta dirección, en los últimos años se han puesto en marcha algunas iniciativas como la evaluación ex ante y ex post de las regulaciones, la experimentación normativa, los laboratorios de regulación, el nudging, el desarrollo de indicadores de calidad normativa, la regulación de los lobbies o grupos de interés, o la participación electrónica en la elaboración de normas (e-rule making), entre otras, a través de las que la regulación se está adaptando a las exigencias que se derivan de la innovación y permitiendo y alentando ésta.

Este grupo de trabajo se propone analizar el impacto de la innovación en la regulación, concentrando especialmente la atención en cómo deben los parlamentos, los gobiernos y las Administraciones públicas impulsar la regulación de los sectores con un alto nivel de innovación y qué instrumentos técnicos concretos están a su alcance para ello.

Observaciones. Este GT sigue la línea de otros anteriores celebrados en el Congreso Internacional #GIGAPP2016 en materia de buen gobierno y buena administración y se basa en diversos proyectos de investigación en marcha y publicaciones nacionales e internacionales de sus integrantes. 


Como recomendación general todos/as los participantes ponentes deberán llevar en una llave USB el archivo de presentación, de preferencia en formato Power Point, aunque lo hayan enviado y subido a la plataforma y/o al coordinador GT. Rogamos también a los participantes ponentes llegar cinco minutos antes de comenzar la sesión para que se presenten con el coordinador GT. En todo caso, la dinamica de trabajo será definida en última instancia por el/la coordinador/a del Grupo de Trabajo.


En Programa Definitivo 2017

 GIGAPP201732355 
41 Aspectos jurídicos de la Smart City: Smart regulation, desarrollo sostenible  e innovación en la gestión del territorio 
1624 - Presentado por: Alejandre Romero, Carmen
Universidad de Barcelona. España (Barcelona)
[ alejandreromero.carmen@gmail.com ] 

GIGAPP201760372
41 Buena administraciòn y la eficacia normativa para la protección de los derechos humanos.
1643 - Presentado por: Nettel Barrera, Alina Del Carmen
Universidad Autónoma de Querétaro. Mexico(Queretaro)
[ alinanettel@hotmail.com ] 

GIGAPP201741465
41 El contexto territorial en la evaluación normativa
1625 - Presentado por: Galindo Caldés, Ramon
Universitat Oberta de Catalunya.
[ rgalindoca@uoc.edu ] 

GIGAPP201774117
41 Good administration: the principle of transparency and its use by the international civil society
1337 - Presentado por: Migliari, Wellington
Universitat de Barcelona UB.
[ wemigliari@yahoo.com.br ] 

GIGAPP20173754
41 Identificar y gestionar los riesgos de corrupción en el marco de la innovación tecnológica
1249 - Presentado por: Capdeferro Villagrasa, Oscar
Universitat de Barcelona UB.
[ ocapdeferro@ub.edu ] 

GIGAPP201798383
41 La gobernanza inteligente: datos abiertos y datos masivos al servicio de la innovación en las Administraciones públicas
1147 - Presentado por: Cerrillo I Martínez, Agustí
Universitat Oberta de Catalunya.
[ acerrillo@uoc.edu ] 

GIGAPP2017353
41 La mejora regulatoria en el ámbito local y el control judicial de ordenanzas y planes de urbanismo: análisis de los antecedentes y de los retos en el caso español
1137 - Presentado por: Ponce, Juli
Universidad de Barcelona, Instituto de Investigación TransJus.
[ jponce@ub.edu ] 

GIGAPP201716454
41 Profundización en las medidas adoptadas en materia de calidad normativa, ¿tendría acomodo en nuestro sistema de producción normativa la existencia de una agencia especializada al estilo de la OIRA estadounidense o el RSB europeo?
1774 - Presentado por: Gimeno Fernández, Claudia
Universitat de València.
[ Claudia.Gimeno@uv.es ] 

GIGAPP201780352
41 Veinticinco años de creación de institucionalidad (formal e informal) en el servicio público, criterios de innovación y su eficacia en la reducción de corrupción. Breve análisis del caso boliviano.
1472 - Presentado por: Ossio Bustillos, Teresa
Asociación Internacional para la Gobernanza Ciudadanía y Empresa AIGOB.
[ mossio@uoc.edu ]  


Resúmenes del Programa Preliminar

41 La mejora regulatoria en el ámbito local y el control judicial de ordenanzas y planes de urbanismo: análisis de los antecedentes y de los retos en el caso español
Presented by : Dr. Juli Ponce
El movimiento de la Better o Smart regulation lleva años de desarrollo en el ámbito internacional y europeo, si bien su impacto a nivel local parece haber sido menor que en otros niveles de gobierno y administración. La ponencia analiza brevemente los antecedentes de la mejora regulatoria en general, para centrarse en el ámbito local, concretamente en el caso español, estudiando la jurisprudencia que ha controlado y anulado ordenanzas y planes urbanísticos por deficiente calidad normativa. En ese contexto, son estudiadas las nuevas leyes españolas que afectan a la buena regulación y se analiza el impacto que están ya teniendo en el nivel local. Se finaliza con unas conclusiones referidas a los retos de futuro de la mejora regulatoria en el ámbito local y se introduce una checklist o lista de comprobación en materia de buen gobierno y buena administración regulatoria, diseñada para ayudar a los decisores públicos y a sus controladores. A los primeros para ayudarles a adoptar las mejores decisiones posibles, haciendo realidad así la buena gobernanza, los principios de buen gobierno regulatorio, allí donde existan, como en España, y el derecho a una buena administración. También puede ser empleada como instrumento para el control a posteriori de las decisiones regulatorias, sea en el ámbito judicial, sea en otros ámbitos. La idea es que se tenga como referencia sencilla y omnicomprensiva de los límites y directrices para el buen gobierno y la buena administración regulatoria. En ella se sintetizan e interconectan, por un lado, las innovaciones de la legislación y de la jurisprudencia en materia de buena administración en general y buena regulación en particular,combinadas con los avances en materia de gestión pública y toma de decisiones desde la economía y la psicología, siendo su voluntad la de ser útil para los reguladores.
41 Identificar y gestionar los riesgos de corrupción en el marco de la innovación tecnológica
La presente propuesta tiene por objeto analizar las posibilidades que abre la innovación tecnológica (en particular, las inteligencias artificiales) a la identificación y gestión de los riesgos de corrupción en el sector público, así como reflexionar sobre los retos que dicha innovación tecnológica plantea para el Derecho público. El punto de partida de la ponencia es la técnica de la identificación y gestión de riesgos (risk assessment and management), aplicada a la prevención de la corrupción pública; fenómeno que, tal y como acertadamente se deriva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, es en todo punto incompatible con la promoción de una sociedad justa. Dicha técnica regulatoria de control de riesgos, que ya desde la década de 1990 se incluye dentro del catálogo de herramientas reguladoras innovadoras conocido como Smart Regulation, se encuentra a las puertas de una modificación sustantiva a consecuencia del exitoso avance de las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial (en muy gran medida como consecuencia del Big Data, con los problemas para el Derecho que este plantea). Un ejemplo del cambio que puede darse en esta técnica regulatoria es el ofrecido por el programa ARACHNE, desarrollado por la Comisión Europea para el análisis de riesgos en determinadas actuaciones financiadas con fondos de la Unión. En la ponencia propuesta se planteará el pasado, presente y eventual futuro de esta técnica regulatoria para el control de la corrupción, así como el papel que necesariamente deberá jugar el Derecho, un Derecho de calidad, con el advenimiento de las inteligencias artificiales en la toma de decisiones públicas.
41 Good administration: the principle of transparency and its use by the international civil society
Presented by : Wellington Migliari
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41 Veinticinco años de creación de institucionalidad (formal e informal) en el servicio público, criterios de innovación y su eficacia en la reducción de corrupción. Breve análisis del caso boliviano.
En el marco del objetivo 16 propuesto en la Agenda 2030 de la Agenda Internacional de Desarrollo de las Naciones Unidas la ponencia desarrollará reflexiones vinculadas a tres de las metas acordadas: a) Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas; b) Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles y b) Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles, con relacíón a la modernización administrativa y cambios de modelo con especial énfasis en Bolivia apuntando líneas de comparación básica entre los países de la Comunidad Andina y algunos páises europeos. Analizará la experiencia resultante de 25 años de modernización administrativa hasta el cambio de modelo institucional con criterios de innovación en Bolivia, reconociendo que la modernizacion administrativa y los cambios de modelo en el servicio público dependen del contexto. No hay políticas ni soluciones de valor universal. La construcción de los sistemas sociales, políticos y jurídicos estarán siempre bajo la premisa de la historia, la cultura y la coyuntura marcada por las prioridades en cada país. Un acercamiento comparado nos permitirá tener una visión general pero se ha de tener más presente la dinámica de los sistemas, las equivalencia de las instituciones formales e informales que los instrumentos y prácticas específicas. Revisaremos tanto la construcción de un modelo propio innovador como la premisa que un servicio civil que no responde a criterios de mérito genera percepción de mala administración y de corrupción y viceversa y si los criterios innovadores son medidas efectivas a la hora de disminuir la percepción de corrupción y/o de mala administración. Tratará la construcción primaria y deconstrucción secundaria del servicio público en Bolivia, la politización de la función pública, efectos adversos y resultados de visión positiva desde la “competencia receptiva”. Cualquier medida de modernización administrativa debe considerar no solo la satisfacción de las necesidades de los usuarios del servicio sino que éste se realice considerando los valores de un orden mas elevado como son los que integran la responsabilidad ( actuaciones públicas que evidencien se sirve a todos los a los intereses de la ciudadanía, interés por impacto a largo plazo de las políticas públicas, no se generan cargas injustificadas para el futuro, se actúa de manera severa ante la corrupción, y se protege siempre el interés público frente a todo tipo de intereses privados) y de legitimidad ( actuaciones en el marco de las leyes, acceso a la justicia efectivo y eficaz, se respetan los derechos individuales y colectivos, se mantiene el sentido de seguridad, se tomasn decisiones con transparencia …). En definitiva medidas orientadas a la creación de un buen gobierno desde una buena administración.
41 Aspectos jurídicos de la Smart City: Smart regulation, desarrollo sostenible e innovación en la gestión del territorio
El objeto de la ponencia propuesta es la identificación y análisis de los retos regulatorios derivados de la innovación tecnológica en el marco de la Smart City (en adelante, SC), a efectos de señalar mejoras regulatorias que faciliten una adecuada incorporación de las nuevas tecnologías de la información en la prestación de los servicios públicos y en el desarrollo de la actuación administrativa, con especial atención al sector urbanístico, dada la centralidad del desarrollo territorial sostenible en el modelo de la SC. La finalidad última de dichas tecnologías debe ser la mejora de las condiciones de vida de los vecinos, reduciendo desigualdades, incrementando la rendición de cuentas y la transparencia, reforzando la participación ciudadana, potenciando la sostenibilidad y mejorando la eficiencia en la actuación de administraciones y gobiernos. El crecimiento de las ciudades es exponencial, se espera que en 2050 más del 70% de la población mundial sea urbana. Las ciudades son los principales polos de crecimiento económico, de innovación y de atracción de capital humano, pero también es donde se concentran los grandes problemas de nuestro tiempo, como el cambio climático, la pobreza, o la desigualdad social. La Smart City (SC) es un modelo de ciudad basado en el uso intensivo de tecnología a todos los niveles, que propone respuestas a los desafíos actuales de nuestras sociedades, y sobre todo, una gestión más eficiente de los servicios públicos. La SC ha tenido una gran aceptación y se ha promovido su implementación de forma integrada desde diferentes niveles gubernamentales, internacional, europeo, estatal y local. Se han creado indicadores para permitir la comparación entre ciudades, redes para fomentar la compartición de experiencias, formas de regulación y gestión de éstas. Además, se ha puesto a disposición medios de financiación (ej. fondos FEDER) para el desarrollo efectivo de los proyectos. El desarrollo sostenible es un pilar fundamental en la SC y muchas iniciativas en esta materia han visto la luz (gestión de la movilidad, recogida de residuos, control de la contaminación lumínica y sonora, entre otros). Ahora bien, el cambio tecnológico es muy veloz y la legislación en ocasiones parece ir detrás de estos cambios, llegando, incluso, a dificultarlos. La gobernanza de ciudades inteligentes supone alteraciones en los modos tradicionales de gobernar, debido a la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y a la participación de más actores en estos procesos (administraciones públicas, empresas tecnológicas, ciudadanos), con el consecuente cambio necesario en la regulación de algunas instituciones jurídicas (como la planificación urbanística), que creo deben ser revisadas a la luz de los más recientes avances tecnológicos en la gestión del gobierno urbano.
41 Buena administraciòn y la eficacia normativa para la protección de los derechos humanos.
En México la reforma constitucional en materia de derechos humanos, llevada a cabo en junio de 2011, tuvo como finalidad modificar la forma en que las autoridades promueven, fomentan, protegen y garantizan los derechos humanos. Sin embargo, la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia sobre el alcance de la reforma para el ámbito del Derecho administrativo afecta su eficacia porque es, precisamente, la Administración pública el ámbito de gobierno y gestión más cercano al ciudadano y a quien se dirige, principalmente, las obligaciones de actuación en materia de servicios públicos. Se analizan dos aspectos esenciales de la problemática, el retroceso de la concepción normativa y jurisprudencial de la posición jurídica del particular y su forma de relacionarse con la administración y la viabilidad de desarrollo del derecho a la buena administración en diferentes normas que componen el ordenamiento jurídico mexicano.
41 La gobernanza inteligente: datos abiertos y datos masivos al servicio de la innovación en las Administraciones públicas
Las Administraciones públicas generan ingentes cantidades de datos en el desarrollo de sus actividades cuyo uso y explotación puede resultar de gran interés tanto para las propias Administraciones públicas como para la ciudadanía gracias al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Los datos que genera la actividad de las Administraciones públicas son de gran utilidad para las propias Administraciones públicas. El uso de estos datos por las Administraciones públicas combinados con las técnicas de minería de datos y de big data y las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural puede facilitar la toma de decisiones públicas y la evaluación de la efectividad de las normas y de la eficacia de las políticas públicas. Pero, además, estos datos también pueden ser utilizados por la ciudadanía tanto para generar nuevas informaciones y servicios (por ejemplo, a través de las plataformas de economía colaborativa), como para facilitar la participación ciudadana en las Administraciones públicas (tanto en la toma de decisiones como en el análisis de los datos para incrementar la transparencia pública o fortalecer la integridad en las Administraciones públicas). Para ello, es necesario que los datos se pongan a disposición de la ciudadanía en unos formatos y con unas condiciones que faciliten la reutilización gracias a que son fácilmente accesibles, reutilizables y no están sometidos a restricciones técnicas o jurídicas que limiten o dificulten la reutilización. El uso y la reutilización de los datos tiene un alcance que trasciende los ejemplos que se han citado y comporta transformaciones en la manera como las Administraciones públicas gestionan los asuntos públicos y facilita una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos. El paradigma de la gobernanza inteligente persigue dar respuesta a este nuevo escenario identificando y definiendo nuevos instrumentos de actuación de las Administraciones públicas y nuevos canales de relación con la ciudadanía basados en una mayor colaboración a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener mejores resultados y mayor apertura a la ciudadanía. Para que ello pueda ser así, el Derecho administrativo debe establecer las condiciones que faciliten el uso y la reutilización de los datos generados por las Administraciones públicas y debe acoger las nuevas maneras de tomar decisiones, prestar servicios, evaluar la eficacia y efectividad de dichas decisiones y canalizar la apertura a la ciudadanía de dichos procesos. En esta dirección, esta comunicación persigue perfilar el paradigma de la gobernanza inteligente e identificar los retos que su llegada a las Administraciones públicas puede generar para el Derecho administrativo.
41 Profundización en las medidas adoptadas en materia de calidad normativa, ¿tendría acomodo en nuestro sistema de producción normativa la existencia de una agencia especializada al estilo de la OIRA estadounidense o el RSB europeo?
La mejora de la calidad normativa y su posterior evaluación forman parte de las preocupaciones recientes de nuestro Derecho público. No ha sido hasta fechas recientes que, principalmente por influencia de modelos anglosajones y de la UE, se han ido introduciendo medidas en esta dirección. Sin embargo, no sólo la recepción en nuestro país de esta tendencia ha sido tardía, sino que, además, su desarrollo, hasta la fecha, tampoco ha sido demasiado satisfactorio. En general, en España, y enmarcados estos cambios en una indudable “moda” a favor de su introducción, las transformaciones han sido más formales que materiales: se han introducido informes preceptivos previos y se han ampliado las exigencias de transparencia participación ciudadana. No está claro, sin embargo, que se haya logrado una modificación sustancial de la cultura de producción normativa ni que las mejoras hayan inducido transformaciones de fondo, más allá de la alteración de rutinas para “cumplir el expediente”. Así, entre uno de los muchos problemas, encontramos la falta de órganos adecuados para colaborar en un modelo ambicioso de mejora y evaluación normativa. E, inevitablemente, la mirada al entorno comparado aporta numerosas pistas sobre posibles mejoras a introducir. Así, entre los sistemas que tienden a la concentración de la tarea de evaluación y control normativo, encontramos el estadounidense, en el que gobierno ha desarrollado los Regulatory Oversight Bodies, agencias encargadas de la evaluación normativa, entre los que encontramos el OIRA. Compuesto por unos 40 miembros, es un cuerpo profesional y especializado en evaluar la calidad y los posibles impactos normativos. De forma similar al OIRA, la Comisión Europea ha establecido el Regulatory Scrutiny Board, un cuerpo técnico que revisa la legislación y realiza evaluaciones de impacto de la normativa europea. Tomando como ejemplo estos modelos, se propone, como ya ha sucedido en Alemania, la introducción de un órgano de similares características en el sistema español: una Agencia de apoyo al gobierno estatal o autonómico que, superando las tareas de fiscalización propias del Consejo de Estado y sus pares autonómicos, instaurase un modelo de “ayuda” y colaboración en la tarea de elaboración, evaluación y garantía de la calidad normativa. Dicha Agencia se convertiría en parte del proceso de elaboración normativa, apoyando a los promotores de la iniciativa y con labores de coordinación general de las tareas de gobierno, por lo que debería contar con personal especializado, combinando no sólo juristas sino también, economistas, sociólogos y especialistas en el tratamiento de información y datos. A través de una estrategia a largo plazo, el órgano también debería encargarse del fomento de la simplificación y evaluación de la normativa en vigor a través de propuestas de revisión, clarificación, codificación o derogación de todos aquellos textos legales innecesarios e irrelevantes.
41 El contexto territorial en la evaluación normativa
  Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Las normas deben ser útiles y de calidad, y deben ser eficaces, eficientes y sostenibles. Es por ello que la evaluación de su funcionamiento es vital para que cumplan con los fines para las que fueron creadas. Pero las normas se aplican en un contexto territorial determinado, que afecta a su rendimiento y a la consecución de sus objetivos. Nos centramos en la evaluación ex post, en cuanto que nos permite evaluar el funcionamiento de una norma, utilizando diferentes métodos, provenientes de otras disciplinas, como la sociología o la geografía. El momento actual, en el que las Administraciones disponen de grandes volúmenes de datos supone una oportunidad para evaluar las normas desde diferentes perspectivas, detectar problemas y aportar soluciones precisas.  
41 Smart Law for smart cities: uma proposta de Indicadores de Governança para Cidades Inteligentes em portais de governo
Presented by : Marciele Berger
A questão urbana é atualmente de grande interesse. As cidades e suas múltiplas manifestações socioculturais e políticas têm vindo a adquirir, a partir das mudanças tecnológicas da Sociedade de Informação, novos instrumentos para garantir a qualidade da vida futura da maioria da população mundial, e este assunto foi nomeado na doutrina Como cidades inteligentes. De acordo com isso, várias organizações têm vindo a reunir esforços para monitorar as diferentes dimensões das cidades inteligentes. É, portanto, de extrema importância analisar as principais métricas e indicadores (inter) nacionais para avaliar os níveis de inteligência das cidades, com foco especial na governança. Para isso, e com base na revisão bibliográfica e na interpretação real da prova conceitual, propõe-se um método de avaliação que exprima as variáveis capazes de aprimorar a governança inteligente em portais governamentais. A partir da pesquisa realizada, pode-se verificar que os estudos neste campo ainda são incipientes. Por outro lado, apesar do conhecimento dos limites de tal abordagem, este método servirá como um novo foco na confiabilidade do processo de comunicação entre governo e sociedade e como fonte de consulta e avaliação da governança inteligente. Finalmente, acredita-se que a aplicação periódica deste método permitirá, o acompanhamento e controle de políticas públicas e auxiliará a (re)penasr as normas jurídicas de forma a dar respostas as atuais demandas impostas às Administrações, garantindo os direitos fundamentais de participação popular, abertura da Administração sem olvidar da privacidade e proteção de dados.
Presentations submitted by speakers
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Conferencistas
Universidad de Barcelona, Instituto de Investigación TransJus
Catedrático Acr. Director TransJus
Universitat Oberta de Catalunya
Catedrático de Derecho administrativo
Universitat de Barcelona UB
Investigador postdoctoral
Universitat de Barcelona UB
Investigador/Doctorado
Asociación Internacional para la Gobernanza Ciudadanía y Empresa AIGOB
Presidente
Universidad de Barcelona
Estudiante de Grado en Derecho/ Prácticas en Servicios Jurídicos Ayuntamiento de Barcelona (Ciutat Vella)
Universitat Oberta de Catalunya
Profesor
Universidad Autónoma de Querétaro
Coordinadora de la Maestría y Doctorado en Ciencias Jurìdicas
Universitat de València
Investigadora no doctora - máster
Moderadores
Universidad de Barcelona, Instituto de Investigación TransJus
Catedrático Acr. Director TransJus
Universitat Oberta de Catalunya
Catedrático de Derecho administrativo
Asistentes
Universitat de Barcelona UB
Investigador/Doctorado
Asociación Internacional para la Gobernanza Ciudadanía y Empresa AIGOB
Presidente
Universidad Autónoma de Querétaro
Coordinadora de la Maestría y Doctorado en Ciencias Jurìdicas
Universidad de Barcelona
Estudiante de Grado en Derecho/ Prácticas en Servicios Jurídicos Ayuntamiento de Barcelona (Ciutat Vella)
Universitat de València
Investigadora no doctora - máster
Universitat de Barcelona UB
Investigador postdoctoral
Universitat Oberta de Catalunya
Profesor
Universitat Oberta de Catalunya
Catedrático de Derecho administrativo
Universidad de Barcelona, Instituto de Investigación TransJus
Catedrático Acr. Director TransJus
Escola de Administraciò Pública de Catalunya EAPC
Responsable de Proyectos de Comunicación, Difusión y Redes Socials
GIGAPP Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas
Investigador Principal
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Estudiante
Ministerio Público de Cuentas
Procurador do Ministerio Público de Contas
Universidad de Salamanca
investigador
Escola de Administraciò Pública de Catalunya EAPC
Responsable de Organización y Transparencia
Universidad de Almería
Secretario de Administración Local

Discussiones


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